Cristina quiere blanquear, pero el propio Estado contrata trabajadores en negro

Paradojas del discurso k - Cristina quiere blanquear, pero el propio Estado contrata trabajadores en negro

Bajo la figura de los “convenios de asistencia técnica”, unos 300 trabajadores de los ministerios de Planificación y Economía están regidos por los denominados “contratos basura”. Tienen un sueldo mínimo y deben costearse la ART, la jubilación y la obra social. La aparente “pasantía” esconde una virtual relación de dependencia. PERFIL conversó con seis empleados que reconocieron estar en esta situación irregular.

Quienes escucharon con atención ese párrafo del discurso presidencial fueron los al menos 300 empleados del Ministerio de Economía que, con la excusa de una pasantía encubierta en un “contrato de locación de servicios”, firmaron un “contrato basura”, que desde la CTA no dudan en calificar como “trabajo en negro”.

“Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, pero iba todos los meses a Avellaneda, a la sede de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), a cobrar el cheque”, cuenta Juan. El caso de este ex empleado del organismo, que no quiso dar su nombre real, es uno de los seis relevados por PERFIL que demuestran que detrás del ímpetu del Gobierno por blanquear a los trabajadores se esconde una trama de contrataciones irregulares en el propio ámbito estatal.

En el Ministerio de Economía, comandado por Carlos Fernández, PERFIL relevó cinco casos entre empleados y ex empleados que firmaron un contrato, sobre la base de un convenio con una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que presenta graves irregularidades. Con un sueldo mensual de $ 1.600 por mes, $ 400 más que el salario vital y móvil, los aportes jubilatorios, de ART y de obra social corren a cargo de los “pasantes”.

“Tampoco nos pagan horas extras, ni por asistencia, ni siquiera por hijo”, contó “María”, una empleada que jura que sólo le dieron un día libre cuando se casó. “Si quería irme de luna de miel tenía que descontar los días de mis vacaciones”, agregó.

Quienes prestaron su testimonio a PERFIL son universitarios. A excepción de uno de ellos, ninguno cursó en la UTN. “Yo sí fui alumno, pero cuando comenzó la pasantía ya no lo era. Igual nunca en el Ministerio me preguntaron si tenía algo que ver con la UTN”, relató “Adrián”, otro joven que trabajó en una dependencia de Planificación. En los convenios, las unidades académicas se comprometen a aportar alumnos y graduados. Estas contrataciones bajo convenio esconden una virtual relación de dependencia. “Yo entré con un convenio con la UBA, después me pasaron a la UTN de Avellaneda, y ahora estoy en la de Venado Tuerto”, contó “Natalia”, que ingresó hace cuatro años al Ministerio de Economía y pasó por varios “convenios de asistencia técnica”, como se los conocen formalmente.

“Son contratos no registrados, contratos basura y contratos ilegales porque no son regidos por la ley de empleo público. Es trabajo en negro”, explicó Horacio Meguira, asesor legal de la CTA. El abogado agregó: “Estos contratos crecieron con furor en los 90, durante el proyecto privatizador”.

Un tiro en la nuca

Un tiro en la nuca

El gobierno de la presidente Cristina Kirchner, fiel a su costumbre de aplicar las disposiciones más importantes y trascendentes de apuro y sin consultar con nadie que no sea “del palo”, acaba de generar un proyecto -que todavía tendrá que ser aprobado por el Congreso- que permite un blanqueo fenomenal de dinero no declarado.

Mi punto central acá no es la discusión de los méritos económicos de la medida. En verdad nadie tiene, a ciencia cierta, manera de medir, minuciosa y acreditadamente, el impacto que puede tener, en una eventual reactivación de la economía argentina, el ingreso de dinero mantenido durante décadas fuera de nuestro país.

Pero lo que sí hoy sabemos, la cuestión que no ofrece dudas, es que se trata de un nuevo asesinato del estado de derecho, entendido el estado de derecho como una secuencia que en el tiempo se fortalece en tanto y en cuanto somos capaces de generar continuidad de esa medida.

Es una medida injusta, socialmente injusta para todos aquellos –quien les habla entre otros- que no solamente pagamos hace añares nuestros tributos fiscales, esforzada y minuciosamente, sino que, inclusive por habernos blanqueado desde el primer día, por no haber negreado nunca, pertenecemos al grupo de los contribuyentes registrados, los leones del zoológico que vienen a cazar los cazadores de la agencia recaudadora.

Por eso, tiene razón Alberto Abad -el ex director general de la AFIP- cuando sostiene que esto que acaba de anunciar el gobierno es “un salto al vacío, porque permite blanquear dinero o bienes mal habidos sin que se investigue su origen”.

Lo que es mucho más grave, mucho más desesperante, mucho más angustiante, es este fenómeno incontrovertible. Durante años de gestión de Alberto Abad la AFIP vino presentando un promedio de 1.000 denuncias penales por evasión al año. Esto generó, desde luego, una serie muy grande de juicios y de sentencias favorables al Estado por evasión.

Medidas del gobierno favorece la delincuencia contra el Estado

Textual, la ampliación de denuncia de Carrió contra Kirchner y Lázaro Báez

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a) la moratoria anunciada en materia impositiva permite el cierre de las causas judiciales que en lo penal tributario investigan la evasión impositiva y la facturación apócrifa, entre las que se encuentran la de Gotti y Austral Construcciones. Principalmente la que lleva adelante el Dr. Aráoz de Lamadrid. Como no pudieron parar la investigación de la AFIP y no pueden parar la judicial usan el mecanismo de la moratoria para garantizar la impunidad en las causas.

b) el anuncio de una ley de blanqueo de capitales, pagando solo el 1% para inversiones en infraestructura y actividades agropecuarias le permite a la asociación blanquear todo el dinero negro obtenido pagando el 1% e impidiendo su investigación posterior sobre el origen del dinero. No es casual los dos tipos de inversiones planteadas: en infraestructura y vivienda porque es dinero que vuelve en blanco a sus propias empresas y en actividades agropecuarias porque como consecuencia de una política económica que lleva a la quiebra al campo les permite apoderarse a precio vil de las tierra de los pequeños y medianos productores que están quedando en el camino como consecuencia de la política implementada.

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Expropiación de Recursos



Expropiación de Recursos

-El Artículo Séptimo de la Ley SIPA-

El texto del artículo séptimo de la ley sancionada por el Congreso, es el siguiente: “Transfiérese en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones…….”. Esas pocas líneas significan casi 95.000 millones de pesos de capital y por lo menos mil millones de pesos por mes de recursos que pasan de la administración privada a la estatal. Pero además significan un mecanismo jurídico que en la práctica podría asimilarse a una variante de la clásica expropiación y colectivización de activos económicos, justificada con otros argumentos. Para el diario The New York Times, que tituló “La Argentina nacionaliza unos 30.000 millones de dólares en fondos privados de pensión”, se trataría de “la primera vez en que un gobierno de América latina expropia efectivo”.

¿Qué significa el Congreso para el matrimonio Kirchner?



El kirchnerismo quiere tratar 500 proyectos en 8 días y la oposición pidió extender las sesiones hasta fin de año

Como todos los fines de año, en el Congreso Nacional hay una gran batería de proyectos de ley que no han sido tratados, pero que el Gobierno reclama aprobar en tiempo récord, sin debate si es posible. Sin embargo, 2008 podría ser la excepción ya que un diputado radical por Jujuy, Miguel Ángel Giubergia, presentó un proyecto para extender las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 28 de diciembre.

Sólo restan 8 días hábiles de trabajo y en el tintero de la Cámara Baja están pendientes 54 proyectos de ley, 280 proyectos de resolución y 162 proyectos de declaración. En esas dos semanas, el Gobierno reclama que sean rubricados -sin tocar siquiera una coma- proyectos sobre la Emergencia Económica, la modificación de Bienes Personales, el impuesto al Cheque y a los cigarrillos. Incluso podría colarse en el recinto un proyecto clave por parte de la CGT: la triple indemnización. Es por ello que la oposición pide debate y propone trabajar hasta después de Navidad.

"¿Qué significa el Congreso para el matrimonio Kirchner?", se pregunta en diálogo con Perfil.com el diputado Giubergia, impulsor de la extensión de sesiones. "A la luz de lo que ha pasado en este periodo, el Congreso sigue siendo una escribanía", remata. El jujeño marca que de 38 proyectos de ley aprobados en 2008, 36 corresponden a proyectos del ejecutivo y del oficialismo y afirma que hay un sistemático bloqueo a los proyecto de la oposición: "Nos dicen que existe la libertad o posibilidad de aportar y de llevar ideas. Ahora, cuando se llevan ideas y se proponen soluciones, no son analizadas ni en las comisiones".

Enrique Albistur, Mercedes Sosa y el dinero del Estado



Con dinero estatal, Albistur paga cachet diez veces más altos que en su teatro

El secretario de Medios Enrique "Pepe" Albistur es un hombre rápido para los números. Eso no es novedad. Lo curioso es que no tiene miedo de dejar rastros de sus manejos pocos claro al frente de una oficina pública. Semanas atrás, Perfil.com publicó los honorarios que el empresario metido a funcionario público le pagó a los cantantes populares que suelen animar los actos festivos del Gobierno. En el caso de Mercedes Sosa, por ejemplo, le pagó 362.000 pesos por una actuación en la Expo Zaragoza en España. Pocos meses antes, Albistur contrató a la misma artista para su teatro Nuevo Ateneo, pero apenas si le pagó 30.000 pesos. ¿Por qué el secretario de Medios contrata tan caro para el Estado?

Jaime, otra vez en la mira por pago de sobreprecios



Jaime, otra vez en la mira por pago de sobreprecios

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, está otra vez en la mira por la compra de vagones de subte a una empresa estatal china. La adquisición de los 279 vagones por 850 millones de dólares se hizo sin licitación y por el material rodante se habrían pagado sobreprecios hasta el 40%, según reveló el diputado porteño por la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo.

“El sobreprecio pagado sería de entre 35% a 40%. Por eso, una vez reunidas las pruebas, podría hacer una presentación en la Justicia”, sostuvo el legislador en diálogo con Criticadigital.

Del monto total de la compra anunciado por el Gobierno se desprende que el Estado nacional pagó 3 millones de dólares por cada uno de los 279 vagones. El precio sería el doble de lo que se pagó a la francesa Alstom —la misma que tiene en carpeta el tren bala K— por 96 coches en el 2002.

"Nos estamos basando en distintas presentaciones a licitaciones que CITIC realizó en los últimos años donde los precios de los coches eran sustancialmente menores a los de la operación en cuestión", sostuvo Di Filippo en declaraciones al portal enelsubte.com.

Según esos informes, en Nueva York, Madrid y China se habrían pagado, en todos los casos menos de 2 millones de dólares por vagón.

Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los glaciares



Cristina vetó la ley de protección de los glaciares

Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.

A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.

La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".

El campo se quedó sin una estadística clave

El campo se quedó sin una estadística clave

El campo y la agroindustria se quedaron sin una estadística clave porque la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) dejó de enviarle a la Secretaría de Agricultura los datos necesarios para su confección.

Por teléfono, el 29 de octubre, los técnicos de la Dirección de Mercados Agropecuarios fueron informados de que no seguirían recibiendo los datos que sirven de base para el cálculo de las compras de granos de la exportación y la industria, que hasta ahora se informaba semanalmente en una planilla conocida como "Compras, ventas y embarques del sector exportador, y compras de la industria".

Agricultura tampoco podrá elaborar su informe mensual de molienda de cereales y oleaginosas. En esas fuentes de datos el sector agroindustrial basaba muchos de sus cálculos productivos y comerciales.

"Ahora no se puede saber cuál es el saldo y cuánto se declaró para exportar. Era lo último que nos quedaba; así le restan transparencia al mercado. No les debe gustar que se sepa qué está pasando en el mercado", dijo Gustavo López, de Agritrend, consultora que está trabajando en la elaboración de una estadística privada. En efecto, los números producidos hasta ahora por Agricultura muestran que molinos y exportadores llevan compradas este año 500.000 toneladas de trigo, mientras que en el mismo mes del año pasado se habían hecho operaciones por 5 millones de toneladas. En el caso del maíz, se han comprado actualmente 270.000 toneladas, contra 2,5 millones de toneladas a esta fecha en 2007. Este tipo de comparaciones ya no serán posibles.

"En este momento la información no es tan clara, transparente y continua", confirmó Rogelio Pontón, jefe de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para Alicia Urricarriet, del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, "los datos que ofreció la Oncca hasta ahora no son precisos, no están discriminados ni tienen continuidad".

Más allá de la intervención en el Indec, durante la gestión Kirchner también se tocaron estadísticas agropecuarias en el Mercado Central y se intervino para evitar la difusión de índices de precios de la hacienda.

Menos preocupaciones para los funcionarios corruptos

Dura respuesta de Garrido por los límites a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Manuel Garrido se refirió a la resolución del procurador general de la Nación, Esteban Righi, que limitó el accionar de la fiscalía anticorrupción que conduce. Consideró que la medida que le recortó atribuciones "refuerza lo que la gente ve cotidianamente: los ricos y los poderosos no responden jamás".

Así se refirió el fiscal ante la resolución del procurador general de la Nación, Esteban Righi, que limitó el accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

El funcionario sostuvo que "esto beneficia a todos los que estén imputados en causas que fueron promovidas por la Fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios
poderosos".

Garrido apeló el sobreseimiento pedido por el fiscal en la causa que investigaba el aumento del patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner, y fue quien denunció al secretario de Medios, Enrique Albistur, por presuntas irregularidades en el reparto de la publicidad oficial.

Además, el fiscal se opuso a la prórroga del contrato de concesión a Aeropuertos 2000, se propuso a que declararan nulas las grabaciones del caso Skanska, y había pedido la indagatoria al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en una causa en la que se investiga su incidencia en el manejo del INDEC.

Obligará Moreno a comprar quesos

Obligará Moreno a comprar quesos

Después de haber provocado la acumulación de enormes stocks por unas 40.000 toneladas de leche en polvo y quesos por su decisión de cerrar las exportaciones, presiona a los grandes supermercados para que adquieran parte de ese volumen.

La "usina de ideas" del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, depara sorpresas diariamente. Después de haber provocado, en julio y agosto, la acumulación de enormes stocks por unas 40.000 toneladas de leche en polvo y quesos a la industria láctea por su decisión de cerrar las exportaciones, el funcionario comenzó ahora a presionar a los grandes supermercados para que adquieran parte de ese volumen.

Moreno ayer impartió en una reunión con ejecutivos de varias cadenas la orden tajante de que al menos adquieran stocks de quesos a las pymes lácteas, seriamente comprometidas por no poder colocar sus productos en el mercado interno ni en el exterior, por la crisis financiera.

Ayer, nadie hablaba sobre a qué precios ni por cuántas toneladas podrían comprar los súper esa mercadería, pero, por las dudas, en varias cadenas ya comenzaron a avisarles a las pymes que no pagarán precios muy superiores a los actuales, que registran una baja promedio del 30% a salida de fábrica desde julio pasado.

La mercadería parada en toda la industria vale unos US$ 100 millones. No está claro si habrá precios más bajos para los consumidores.

Denuncian irregularidades en el mercado del trigo

Denuncian irregularidades en el mercado del trigo

A pocas horas de realizarse "La Primera Jornada Internacional de Exportaciones con valor Agregado" organizada desde hace semanas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) que preside Ricardo Echegaray, y la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), CRA emitió un comunicado durísimo.

La entidad que preside Mario Llambías asegura que hay una "enorme transferencia de la producción y la industria molinera" que se da "con aval del gobierno". Según los confederados, "existe un permiso implícito del gobierno que permite a la industria molinera, a los exportadores y al mismo Estado apropiarse del 40% de los ingresos de la producción".

La afirmación se basa en un trabajo elaborado por técnicos de la entidad coordinado por el secretario de CRA, el Ing. Agr. Javier Jayo Ordoqui. "En enero de este año ya advertíamos esta distorsión en el precio del trigo, que generó un coto de caza para que los molinos hagan un gran negocio a costas de los productores", disparó Ordoqui.

Dos meses más tarde, en marzo de este año la misma Federación Agraria Argentina (FAA) bloqueó puertos santafesinos en reclamo por la situación de "despojo" que sufrían los chacareros a manos de la exportación y los molineros. En eso estaban cuando se enteraron de la resolución 125 que anunció Martín Lousteau para implementar las retenciones móviles, con las consecuencias harto conocidas.

Según un trabajo elaborado por CRA, "la retención real ―es decir, el descuento que le han hecho al productor sobre el precio internacional― ha estado en promedio cercana al 40%, con picos de 48%, cuando la retención oficial fue del 20% y luego del 28%", explicaron.

Para Javier Jayo Ordoqui, pese a los planteos de los productores, "el gobierno siguió empecinado en destruir el aparato productivo y beneficiar a la industria y la exportación y lo peor es que lo está logrando: se prevé una caída del 30% de la producción respecto al año anterior".