El Presupuesto 2009, más de lo mismo

El Presupuesto 2009, más de lo mismo

La lógica del proceso de crecimiento que comenzó en 2002 está agotada porque las condiciones que lo hicieron posible ya no existen. Se requieren replanteos profundos pero estas bases del Presupuesto no replantean nada. Y si no se hace, vamos a una inevitable desaceleración de la economía en un contexto de mayor regresividad.

Lo central es que el proyecto no tiene las reformas que se esperan desde hace tiempo ni las señales de redistribución del ingreso ni de readecuación productiva que reclamamos amplios sectores sociales. No incluye ni una reforma impositiva ni un cambio en serio del sistema previsional, que haga optativas a las AFJP y devuelva las contribuciones patronales a su nivel de 1993.

Tampoco una reforma del sistema de políticas sociales que aborde una estrategia universal. No hay cambios en el esquema de subsidios que sirvan para recuperar renta petrolera y avanzar hacia una intervención del Estado en los sectores más concentrados. La subestimación de la recaudación les va a servir para gastar a discreción otra vez. La pauta de inflación es absolutamente irreal. Lo único que admiten es que va a caer el superávit comercial porque crecen más las importaciones que las exportaciones.

Jaimito clavó un clavito



Jaimito clavó un clavito: la deuda que asumirá el Estado levanta vuelo

Es 411 millones más que la oficial, y asciende a u$s 1.301 millones. Representa el doble de los planes Jefes de Hogar, o tres veces y media el gasto del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La deuda real de Aerolíneas a septiembre, cuando se convierta formalmente en una empresa del Estado (aunque en verdad, como veremos más adelante, ya lo es), no será la anunciada de 890 millones de dólares sino de 1.301 millones, el equivalente al doble de los planes Jefes de Hogar que en el presupuesto 2008 atienden a un millón de personas desocupadas y con bajos ingresos. Si lo comparamos con el presupuesto nacional de salud, la deuda de Aerojaimito supera al total del gasto de la Argentina.

Marsans asiste al debate parlamentario en silencio: tienen un compromiso de Jaime y del presidente K de respetar a rajatabla el acta acuerdo que se supone suspendida: el dinero público de la Argentina pagará lo que haya que pagar, sin hacer preguntas. El lobo cuidará como debe el gallinero.

Nota completa en Crítica de la Argentina

"Pepe" Albistur manejará la "Marca País" de la Argentina

"Pepe" Albistur manejará la "Marca País" de la Argentina

A través del Decreto Presidencial 1372/2008, publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno creó la “Comisión Interministerial de la Estrategia Marca País Argentina”, que será presidida nada menos que por Albistur. Dicha comisión estará integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medios de Comunicación que conduce Pepe.

La estrategia Marca País se inició en 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pero recién ahora se oficializó por medio de un decreto presidencial. De ahora en más, entonces, la imagen del país en el exterior la manejará Pepe Albistur.

Los controles de precios benefician a los más ricos

Los controles de precios benefician a los más ricos

La política progresista del gobierno nacional consiguió que la escasa inversión actual se enfoque en la producción de bienes y servicios para los consumidores de altos ingresos, un sector muy reducido de la sociedad argentina.

En su obsesión por perseguir las ganancias de las empresas, el funcionario Guillermo Moreno, instruido por el matrimonio presidencial, se la pasa investigando cuáles son las utilidades de cada sector y empresa en particular. Parece ser que ahora es el turno de los bancos, pero lo cierto es que prácticamente no hay sector de la economía que no sufra o haya sufrido el control de utilidades que ejerce el secretario de Comercio Interior.

Si el Estado comienza a apropiarse de esas utilidades o a prohibirlas, lo que consigue es destruir la brújula que orienta la asignación de los recursos productivos. Sin esa brújula, se paraliza la inversión, se crean menos puestos de trabajo y, normalmente, los recursos se destinan a sectores en los que el Estado no le interesa meterse, sectores que suelen ser aquellos que producen bienes y servicios para los segmentos de ingresos más altos. Dicho en otras palabras, lo que está consiguiendo Moreno de la mano del kirchnerismo es asignar ineficientemente los escasos recursos que se vuelcan a la inversión. Es decir, las intervenciones de Moreno no sólo espantan las inversiones, sino que, además, las escasas que se llevan a cabo se orientan a productos que no demanda los sectores de ingresos medios y bajos.

La política progresista del gobierno ha conseguido que aquellos que arriesgan algunos dólares de inversión en Argentina los destinen, por ejemplo, a construir edificios en Palermo Hollywood con sauna, gimnasio, cocheras de cortesía, lavandería y demás exquisiteces, en ves de asignarlos a hacer una "vaquita" (hoy llamado pool) para dedicarse a la actividad ganadera o a la producción de lácteos. Moreno consiguió el efecto justamente inverso al deseado. En vez de lograr que aumente la producción de los bienes mencionados, consiguió que disminuyera la oferta, perjudicando a los sectores de menores ingresos, que tiene que conformarse con productos de menor calidad, si los consiguen, y a precios más altos. Mientras tanto las torres con departamentos de alta gama se levantan en la ciudad como riéndose de las primitivas medidas intervencionistas del gobierno. Lo que logró el gobierno fue distorsionar de tal manera los precios relativos que los escasos recursos se destinan a producir para un sector muy reducido de la sociedad con altos ingresos. Moreno y los Kirchner han trabajado para perjudicar a los más pobres y beneficiar a los más ricos.

El mejor ejemplo es el mismo matrimonio presidencial que, de acuerdo a la información periodística, invierte sus ahorros en zonas turísticas del país a las cuales jamás va a ir una familia del cono urbano bonaerense. Invierten en inmuebles en zonas turísticas dónde sólo los que tienen ingresos más altos y los extranjeros pueden pagar. Invierten para satisfacer la demanda de los ricos. No de los pobres.

Jaime, medallista de denuncias: ahora son 21



Jaime, medallista de denuncias: ahora son 21

En cinco años como funcionario, Jaime ya había recibido 20 denuncias judiciales. En el tema 'aviones', la UCR lo denunció por el presunto vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y el español Antonio Mata por supuesto pedido de una coima de 6 millones de dólares para poner en marchasu aerolínea Air Pampas.

Tiene seis denuncias por la distribución arbitraria de subsidios al gasoil, cinco por beneficiar con subsidios a empresas ferroviarias, una por el proyecto del tren bala y otra por el contrabando de drogas de Southern Winds.

Destinan otros $1600 millones para el Tren Bala



Destinan otros $1600 millones para el Tren Bala

A pesar de las críticas, tanto opositoras como oficialistas, el Tren Bala sigue su marcha lento y silencioso, pero firme. El conflicto entre el Gobierno y los ruralistas había disparado los costos de financiamiento del proyecto por encima del máximo admitido en el contrato, y nadie esperaba que el proyecto se reflotase tras la derrota kirchnerista en el Senado.

Sin embargo, el Tren de Alta Velocidad (o TAVE), avanza: el Poder Ejecutivo incluyó una partida de $1600 millones en el proyecto que amplía el Presupuesto 2008, destinado a financiar obras ferroviarias pendientes, informó el diario El Cronista Comercial.

El proyecto de construcción había sido "cajoneado" porque el costo financiero superaba el limite máximo establecido en el contrato entre el Gobierno y el banco francés Natixis. Por eso, ninguna de las partes estaba obligada a cumplir el contrato ni a iniciar la obra. El Ejecutivo, no obstante, previó una partida de $1600 millones en los $7465,4 millones adicionales asignados para Obligaciones a Cargo del Tesoro, afirmóEl Cronista.

A esto debe sumarse los 4000 millones de dólares de deuda que contraerá el Estado para costear el proyecto, para lo cual el Gobierno emitirá bonos con una tasa de interés del 10 al 12 por ciento. Gracias al default de deuda en 2002, Argentina no puede acceder al crédito externo en cantidades y tasas de interés razonables.

Néstor Kirchner vendió tierras a 48 veces el precio que había pagado



Néstor Kirchner vendió tierras a 48 veces el precio que había pagado

Hace dos años, el ex presidente compró terrenos fiscales en la zona del aeropuerto viejo de El Calafate a u$s 2,50 el metro cuadrado. Luego los vendió a u$s 120. Allí se construirá un supermercado gigante. Habría recibido u$s 1.800.000.

Vendió a 120 dólares lo que compró a 2,50. En la esfera pública puede fallar, pero para los negocios privados sigue siendo una luz. Néstor Kirchner vendió parte de los terrenos que había comprado en 2006 a $ 7,50 en El Calafate, la villa turística en la que se recluye el matrimonio presidencial cada vez que huye de Buenos Aires. Es decir que, en menos de dos años, obtuvo una ganancia equivalente a 48 veces el capital invertido.

La pregunta que queda flotando –y que puede ser motivo de nuevas denuncias– es por qué el municipio de El Calafate necesita de la intermediación del matrimonio presidencial y de otros funcionarios kirchneristas para comercializar esas tierras.

El Gobierno gastó 48% más en publicidad para defender su posición durante la crisis del campo



El Gobierno gastó 48% más en publicidad para defender su posición durante la crisis del campo

Durante los cuatro meses que duró el conflicto, la Casa Rosada echó mano al erario público y distribuyó a discreción 167 millones de pesos en concepto de publicidad oficial, para castigar al sector agropecuario e inclinar la balanza de la opinión pública a favor de la postura gubernamental.

La cifra implica un aumento del 48% en la pauta publicitaria estatal en comparación con el mismo período del año anterior. En valores absolutos, el Poder Ejecutivo gastó entre marzo y junio de este año 55 millones de pesos más que en el mismo período de 2007.

Toda esta información se desprende de las planillas elaboradas por la Secretaría de Medios de la Nación, que dirige el polémico Enrique “Pepe” Albistur, y a las que Perfil tuvo acceso en forma exclusiva a través de la Fundación Poder Ciudadano.

El incremento exponencial durante el conflicto agropecuario se produjo después de cuatro años de sostenido empinamiento de los gastos en propaganda oficial. En 2003 bordeaba los 46 millones de pesos, en 2004 superó el doble con casi 100 millones de pesos, al año siguiente fue de algo más de 127 millones de pesos, en 2006 se clavó en 209 millones de pesos y el año pasado logró un récord con las elecciones presidenciales: más de 322 millones de pesos (ver infografía).

La Presidencia de la Nación fue la dependencia que más aumentó los montos destinados a los medios, ya que entre marzo y junio de 2008 triplicó su erogación en publicidad en comparación con el mismo plazo del año pasado.

El Estado les debe a los jubilados, no a Marsans

El Estado les debe a los jubilados, no a Marsans

Por Claudio Lozano. Diputado Nacional Buenos Aires

El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro, la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes sean excesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones). Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios.

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Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.

Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.

El Gobierno, acusado de hacer pagos "generosos" para controlar medios



El Gobierno, acusado de hacer pagos "generosos" para controlar medios

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, de Nueva York, acaban de terminar un estudio sobre la manipulación de la publicidad oficial en la censura indirecta. El informe, que las organizaciones presentarán este jueves, advierte que “en Argentina, el Gobierno nacional suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas que escriben en medios gráficos nacionales influyentes pero que tienen programas de radio o TV por cable con bajos niveles de rating”.

“El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina”, es un estudio sobre la tensión entre la publicidad oficial y los medios de comunicación, realizado sobre las realidades de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.

“Nuestra investigación indicó que la asignación injustificada de publicidad oficial al periódico
argentino de alcance nacional Página/12 realizada durante los años 2004 y 2005 –que
documentáramos en Una censura sutil– persistió a lo largo de los dos años siguientes”, recuerda el texto. “En 2006 y 2007 —señala— el gobierno nacional volvió a otorgar a Página/12 un monto altamente desproporcionado”.

Ambas organizaciones consideran que “la publicidad oficial o puede justificarse por la circulación de dicho matutino ni por cualquier otra ventaja competitiva”. Y remarca que “desde el ex presidente Kirchner asumió el poder, Página/12 adoptó, por lo general, una línea editorial pro-gobierno”.

De la misma manera, “El precio del silencio” subraya que “El gobierno de Néstor Kirchner también realizó asignaciones publicitarias excesivamente generosas a una variedad
de medios en la provincia de Santa Cruz, propiedades de Rudy Ulloa, su ex chofer”.

El estudio recopila los casos del diario Perfil, que demandó en 2006 a la administración K por la “discriminación” en la pauta oficial y resalta la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, cuando determinó, en 2007, que el gobierno de Neuquén había violado el derecho a la libre expresión del Diario Río Negro al retirarle la pauta publicitaria en represalia por sus coberturas críticas.

Además, destacó que Tierra del Fuego emitió un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario.

De todas maneras, “los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado en todos los países bajo análisis resultan insuficientes e inadecuados: carecen de las reglas y criterios que asegurarían asignaciones publicitarias transparentes y justas, y no logran establecer las garantías necesarias en contra de posibles abusos”.

Denuncian que Santa Cruz pagó sobreprecios por $150 millones en obras



Denuncian que Santa Cruz pagó sobreprecios por $150 millones en obras



La Coalición Cívica (CC) denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) el pago de 150 millones de pesos de sobreprecio para la construcción de un tendido eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado.

La denuncia se basa en la comparación de dos obras similares que demandaron cifras distintas. La primera, que unió las ciudades de Choele-Choel con Puerto Madryn tuvo un costo de 581 mil pesos el kilómetro. Dos años después, la segunda obra, realizada por la misma empresa (Intesar SA), costó un 44,8% más caro, lo que abre la sospecha de sobreprecios en el monto final, que llegarían a 150 millones de pesos, según informó La Nación.

Es que, según la denuncia, el hecho de que la segunda obra se haya realizado dos años más tarde que la primera, sólo justificaría una suba del 12%, un cálculo realizado, además, de acuerdo a la propia estructura de costos presentada por la empresa.

La denuncia, presentada por los diputados de la CC Juan Carlos Morán y Adrián Pérez, también incluye presuntas irregularidades en el Fondo Eléctrico de la provincia de Santa Cruz, un fondo creado en 1989 y todavía en vigor, por el cual todos los argentinos aportan el 6 por mil de su tarifa eléctrica para compensar los altos costos de transporte de electricidad a esa provincia.

Sucede que, a pesar de ser un fondo de uso específico, los 447 millones de pesos que estos 19 años llegaron a Santa Cruz por este mecanismo siempre ingresaron a rentas generales del presupuesto local y, según la denuncia, casi no se usaron para las obras estipuladas. Es decir, que los argentinos pagaron dos veces las obras: una aportando para el Fondo Eléctrico de Santa Cruz (que se cobra en las boletas de luz), y la otra como contribuyentes al presupuesto nacional.

La plata de los jubilados cubre el déficit

La plata de los jubilados cubre el déficit

Desde que asumió Cristina, la ANSES ya le prestó $ 5.440 millonesa la Nación. Las subas para los abuelos llegarán recién en 2009.

Un aumento considerable de las jubilaciones será este año sólo una promesa. Aunque haya enviado al Congreso el proyecto para establecer la movilidad de los haberes de la clase pasiva, la Presidenta tiene otros planes para el dinero que acumula la Administración Nacional de la Seguridad Social. El Ejecutivo utilizará esos fondos para cubrir parte del déficit fiscal nacional. En lo que va de su gestión, Cristina Fernández de Kirchner ya autorizó el desvío de 5.440 millones de pesos de la ANSES hacia la Secretaría de Hacienda. Apenas unos días antes del anuncio de la modificación de la ley, enviaron 890 millones de pesos de los jubilados para el Ministerio de Planificación que maneja Julio De Vido.

El anuncio de la modificación de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones provocó una inmediata reacción de la oposición y de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Por qué esperar hasta 2009 para implementar los aumentos cuando la ANSES acumula actualmente un superávit que supera los 23 mil millones de pesos? La respuesta –no admitida públicamente por el Gobierno– es que la caja no cierra.

El programa para 2008 y 2009 de la Secretaría de Finanzas de la Nación prevé que los jubilados le presten al Estado más de 28 mil millones de pesos que serán destinados principalmente al pago de deudas. En el bienio, entre vencimientos de capital e intereses, el Ministerio de Economía debe afrontar obligaciones por 36.300 millones de dólares, que en parte serán cubiertos con los fondos de la ANSES.

La última mejora en los haberes que recibieron los poco más de 5,5 millones de jubilados y pensionados nacionales fue dictada en febrero y en dos cuotas:un 7,5% en marzo y otro 7,5% en julio. Un aumento adicional del 10% –para acercar la suba al estimado de 25 % de inflación para este año–, representaría un desembolso de unos 1.500 millones de pesos para los próximos cinco meses, menos del 7% del dinero que reserva la ANSES. Pero ni siquiera esta opción figura en el plan de gobierno, sino una probable suba antes de fin de año de un nuevo 7,5%, que será financiada con los ingresos adicionales que tendrá la Administración como consecuencia del aumento de los sueldos tras la suba del salario mínimo. Esa opción implicaríael reparto de poco más de 1.100 millones de pesos.

Sin control, el gasto aumentó 3500 millones de pesos

Sin control, el gasto aumentó 3500 millones de pesos

Por Laura Serra - De la Redacción de LA NACION

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ufana de no haber firmado nunca, en lo que va de su mandato, un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Si bien esto es cierto, también es verdad que no necesitó de ese cuestionado instrumento para ampliar el actual presupuesto nacional y reasignar, como hizo hasta ahora, 3500 millones de pesos de manera discrecional y sin consentimiento previo del Congreso.

La Presidenta autorizó esta ampliación presupuestaria por medio de sucesivas decisiones administrativas firmadas por su jefe de Gabinete, atribución conferida por la polémica ley de superpoderes presupuestarios, que impulsó en 2006 quien la precedió en el cargo, su esposo, Néstor Kirchner.

Según figura en los últimos informes elaborados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la jefa del Estado autorizó dos decisiones administrativas de gran envergadura durante su incipiente gestión: por una de ellas se destinaron 2510 millones de pesos a distintas áreas, y la más beneficiada resultó ser el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. En efecto, esa cartera recibió 2177 millones de pesos, recursos que se destinaron en buena parte a subsidios a la energía, transporte y ferrocarriles. En la otra decisión administrativa se destinaron 933 millones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), básicamente a subsidiar al sector alimentario.

¿De dónde se transfirieron estos recursos? En su mayor parte provinieron de una misma fuente: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que a su vez financia el Programa de Asistencia Financiera para las provincias (PAF). En definitiva, se distrajeron recursos financieros originalmente previstos para ayudar al interior con el fin de incrementar el monto de diversos subsidios.

En su primera conferencia de prensa en lo que va de su gestión, la mandataria enfatizó hace una semana que la cuestión de los superpoderes presupuestarios "es un tema absolutamente superado" y enfatizó que "el contralor de los fondos públicos es total y absoluto", control que, enfatizó, recae en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso.

En rigor, ésta es una verdad a medias, pues la tarea de control se efectúa de manera tardía y condicionada. En efecto, el oficialismo goza de mayoría tanto en el colegio de auditores de la AGN como en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que supervisa los presupuestos ya ejecutados. Esa comisión, que preside el kirchnerismo, lleva tres años de atraso pues hasta ahora sólo aprobó las cuentas de inversión (presupuesto ejecutado) hasta 2005.

La reasignación de recursos públicos sin mayor control y a total discreción del Poder Ejecutivo es el camino que trazó Néstor Kirchner y que ahora continúa su esposa, pese a que es el Congreso, por mandato constitucional, el que define el destino de las partidas presupuestarias. Hasta ahora, la Presidenta usó sólo decisiones administrativas para ese fin; este instrumento le permite cambiar de destino partidas calculadas en la ley de presupuesto. Todavía no echó mano a los DNU, una herramienta que el ex presidente Kirchner hizo uso y abuso para ampliar el presupuesto con la recaudación excedente, es decir, con recursos que no estaban presupuestados.

Esta recaudación excedente superó, en los cuatro años de gestión de Kirchner, los 60.000 millones de pesos. El ex presidente amplió y reasignó en el presupuesto ese dinero a su discreción en buena parte gracias a los decretos de necesidad y urgencia.

Para este año, el diputado Claudio Lozano (CTA) calcula que los excedentes presupuestarios alcanzarán los 26 mil millones de pesos. "Hasta ahora llevan insumiendo 8000 millones para afrontar los anuncios de aumento de jubilaciones y salarios. Se prevé que buena parte del resto se destine a subsidios al transporte y la energía", enfatizó.

El increíble poderío de José Alperovich, el "zar" que gobierna su provincia casi sin oposición



El increíble poderío de José Alperovich, el "zar" que gobierna su provincia casi sin oposición

El gobernador tucumano José Alperovich es el hombre que más poder acumula por metro cuadrado en la República Argentina. En Tucumán, su apellido es sinónimo de imperio. Y, junto a su familia, es el ejemplo más acabado de la
encarnación del poder hegemónico.

Negocios familiares.}
La historia de los Alperovich parece sacada de un cuento. Su padre, León, llegó muy pobre desde Israel e inició su vida en Argentina trabajando de sastre. Con el paso de los años, su tienda empezó a crecer, invirtió en campos y hoy enTucumán, corre el rumor casi incomprobable de que sería dueño de hasta 5 mil propiedades. A partir de puntadas e hilo, León Alperovich construyó un imperio económico que hoy es controlado por sus hijos, con José, el gobernador, como cara visible.
Los emprendimientos comerciales de la familia incluyen varias concesionarias (una de autos cero Km., otra de camiones, una de usados, una de maquinaria agrícola e, incluso, una en Salta), un
hotel en el centro de la capital tucumana y una empresa  constructora que tiene varios proyectos en marcha, entre ellos el exclusivo complejo "Terrazas Village", al que presenta como "un nuevo concepto de vida".
Pero además, José Alperovich es productor sojero. Tiene campos en Tucumán, Santiago del Estero y Salta, donde cosechó, según afirmó hace algunas semanas, 3.200 kilos de soja por hectárea. "Y me dejaron limpios, pagando las retenciones, 310 dólares por hectárea", se ufanó, en respuesta a la Mesa de Enlace. A pesar de sus vínculos con el campo, no dudó en bajar por orden presidencial el stand de su provincia en La Rural, aún cuando ya se habían pagado 70 mil pesos por él.
"Mucho más importante es lo que conseguí en Nación. En un día y medio logré 60 millones de pesos", graficó, según declaraciones hechas a medios tucumanos.

Un zar en democracia. En el plano político, Alperovich es una especie de zar todopoderoso en su provincia, donde la oposición tiene apenas pequeños cotos de resistencia. En la legislatura provincial, el bloque alperovista "Tucumán crece" cuenta con 44 legisladores; la oposición, sólo con cuatro de las 48 bancas. En diputados nacionales sucede algo parecido ya que de los nueve representantes, ocho siguen sus órdenes directas. Sólo uno, el radical José García Hamilton, no lo hace y lo crítica por su "servilismo K".
De las 18 intendencias provinciales, Alperovich controla 17 a través de funcionarios que, al igual que él, no cuestionan las órdenes que llegan desde arriba. El mismo panorama se repite en los concejos deliberantes Esto hace que Alperovich tenga un aparato político de dimensiones incalculables. Su poder de movilización, con el denunciado clientelismo político mediante, se ha visto en los actos de Cristina Fernández de Kirchner, en Buenos Aires, y Tucumán, donde dos militantes tucumanos murieron en forma trágica  en distintos accidentes.

"Tiene la suma del poder público", afirma a Perfil.com una fuente que conoce de cerca al gobernador. "En la provincia, tiene el poder que Kirchner tiene a nivel nacional, pero multiplicado por 10", agrega y cuenta que su forma de expresar ese poderío es similar a la del ex presidente: "Está encima de sus ministros todo el tiempo". En efecto, Alperovich es celoso de su gente y tras el conflicto con el campo organizó un asado con todos sus legisladores y les agradeció por haberse callado la boca durante 130 días.
Todo un ejemplo de como la sumisión política marca el modelo de gobierno de una de las provincias más pobres del país.

La justicia alemana profundiza la investigación del caso Siemens en la Argentina

La justicia alemana profundiza la investigación del caso Siemens en la Argentina

Los tribunales alemanes investigan a Siemens desde fines de 2006 por irregularidades en todo el mundo. El principal sospechoso es Uriel Sharef, ex director general para América latina y responsable del área energética de la empresa en todo el mundo, un israelí que fue expulsado por la compañía a principios de año, a causa de las acusaciones.

Sharef habría pagado un soborno en Argentina por 4,7 millones de euros a fines de 2003. Así lo revelaron los diarios Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Francfort, y Süddeutsche Zeitung, de Munich, citando fuentes de la fiscalía local, aunque no aclararon ni los destinatarios de los sobornos ni las obras involucradas, según el diario La Nación.

El directivo de Siemens estuvo en el país el 5 de agosto de 2004, ocho meses después del supuesto pago, y se reunió con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Volvió en octubre de 2006, para la inauguración de una turbina en una central eléctrica de Campana, provincia de Buenos Aires, ya que él había sido el encargado de cerrar el contrato de U$S 1.600 millones por las usinas, sostiene Clarín.

Sharef fue también quien recibio a Néstor Kirchner en su visita a la casa matriz de la empresa en Alemania, en 2005. Además dio una visita guíada a De Vido en una fábrica de turbinas en Francfort, en enero de 2007, y acompañó a la entonces candidata presidencial Cristina Kirchner durante una visita a Berlín en septiembre de ese año, en plena campaña electoral.

La presunta coima habría sido de 4,7 millones de euros, que se habrían pagado a fines de 2003, cuando todavía faltaban cinco meses para que el gobierno de Néstor Kirchner anunciara el plan energético que contemplaba la construcción de dos centrales eléctricas en Timbúes, Santa Fe, y en Campana.

Desplazan a dos funcionarios de la DGI por investigar a Lázaro Báez, íntimo amigo de los Kirchner



Desplazan a dos funcionarios de la DGI por investigar a Lázaro Báez, íntimo amigo de los Kirchner

El terreno kirchnerista se mueve y se acomoda. La cúpula de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue desplazada este jueves en medio de versiones de presiones políticas. Estas especies aseguran que se quiere evitar que el organismo continúe investigando a empresas “amigas” del Gobierno por la utilización de facturas apócrifas de empresas fantasma.

Horacio Castagnola, titular hasta el jueves de la DGI, habría sido desplazado por “respaldar una investigación del inspector Jaime Mecikovsky –también desplazado– sobre la emisión de factura truchas de Gotti SA”, dijo una fuente oficial a PERFIl.

Gotti SA es una empresa vinculada al socio presidencial Lázaro Báez, también involucrada en el caso de la constructora sueca Skanska por sobrefacturación de obra pública, que generó una subcausa. La empresa, que incluso fue allanada, está ligada a Austral Construcciones –de Báez, amigo y socio de los Kirchner en Río Gallegos–.

Cambio con trampa en impuesto a las ganancias

Cambio con trampa en impuesto a las ganancias

El Gobierno eliminó la exención a fideicomisos financieros. Seguirá sin cobrarles a los fondos agrícolas. Pagarán los que financian el consumo.

Aunque pasarán de no tributar nada a pagar el 35% de las ganancias que extraigan de los fideicomisos, las cadenas amortiguarían el golpe para no ahuyentar clientes. Hasta ahora el Estado les ofrecía una suerte de subsidio al no cobrarles impuestos: las que organizaban un fideicomiso captaban fondos contra la garantía de cupones de ventas con tarjetas de crédito y luego prestaban ese dinero a tasas muy superiores, a veces hasta del doble. Con esa bicicleta, casi convertidas en bancos, cubrían ventas con muy bajos márgenes y grandes plantillas de empleados que ahora podrían reducirse.

Aunque los podría haber incluido en la misma norma, la presidenta Cristina Kirchner decidió dejar de lado a los pools de siembra, a los que acusó de “realizar movimientos especulativos con los alimentos” y de obtener “rentas inusitadas en el mundo”. El contador Luis Biller, especialista del estudio González Fischer, aseguró que “la situación fiscal de los fideicomisos agrarios no cambia en nada por el decreto”. Lo confirmaron por la noche fuentes del Ministerio de Economía.

Según la normativa vigente, los pools organizados bajo la forma de fideicomisos no tributan Ganancias si sus beneficiarios son quienes aportan el dinero para solventarlos. El impuesto se paga sólo en cabeza de los inversores, pero con alícuotas muy inferiores. En vez de pagar el 35% de la renta obtenida, abonan entre el 10 y el 20%, según el resto de los ingresos del inversor.

El Gobierno gastó $1 millón por día en propaganda



Albistur SA. El secretario de Medios Enrique Albistur (aquí, junto a la presidenta Cristina Kirchner) incrementó la publicidad callejera, donde tiene intereses a través de su familia.

El Gobierno gastó $1 millón por día en propaganda

El Gobierno gastó el año pasado $322.392.600 en publicidad oficial. Es un 55% más de lo que había invertido en 2006. Como ocurrió durante toda la gestión Kirchner, la mayoría de esos fondos públicos beneficiaron a los medios alineados con el oficialismo, e incluso al grupo cuyo dueño es casi parte de la familia presidencial: el multimedios santacruceño que controla el ex chofer de los K, Rudy Ulloa Igor.

Los datos corresponden a un informe sobre el tema que realizó la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), al que Crítica de la Argentina tuvo acceso en exclusiva. La información consigna la pauta distribuida a través de la Secretaría de Medios, de Enrique “Pepe” Albistur. Si se suma a otros organismos oficiales con capacidad para publicitar en la prensa, como Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo, la cifra aumenta en $36.665.172 (ver gráficos).

Los detalles del informe son reveladores. La inversión en publicidad del Gobierno creció un 412% en el rubro de vía pública respecto de 2006. La paradoja, o no, es que la propia familia del repartidor de la pauta, Albistur, controla la mayoría de los carteles de la ciudad de Buenos Aires. Un negocio inmejorable.

La falacia del distribucionismo

La falacia del distribucionismo
Por Antonio I. Margariti

Conviene analizar por qué los impuestos que dicen perseguir finalidades sociales terminan siendo extorsivos y consiguen lo contrario de lo que se proponen.

El discurso político del bicentenario lo promete todo y no realiza nada. Se anuncian acuerdos y obras públicas. Se formulan nuevos derechos, que intentan cubrir todos los aspectos de la vida de las personas. Todos tendrán derecho a una vivienda digna, a la movilidad previsional, a una pensión sin aportes y a subsidios sin cargo. Pero los impuestos y las retenciones a la exportación crecen y seguirán creciendo hasta convertirse en una pesadilla.

Precisamente ahora que en nombre de la nada, se intentó un nuevo arrebato fiscal al campo, conviene analizar porqué los impuestos que dicen perseguir finalidades sociales terminan siendo extorsivos y consiguen lo contrario de lo que se proponen.

Cuando las leyes, en lugar de defender los derechos y garantías individuales es decir la vida y la propiedad privada, pasan a justificar el 'despojo legal', esto es a quitar el ingreso de algunos para darlo a otros, los impuestos se convierten en un robo.

En principio la idea de la redistribución de ingresos se aplicaba únicamente a la asistencia social. Pero ahora se pretende extenderla hacia la repartija de ricos a pobres, a subsidios cruzados hacia los que más tienen, a transferencias de renta de las oligarquías tradicionales a nuevos burgueses patagónicos y de pobres anónimos a piqueteros oficialistas bien identificados.

En este sentido, cuando las leyes impositivas meten la mano en la riqueza producida por aquellos que trabajan honradamente, para aumentar el ingreso de una clase políticamente adicta, no habrá nadie en este país que no pretenda hacer lo mismo y poner su mano sobre la ley para sacar ventajas. El resultado es claro: la ley se desnaturaliza y se convierte en pantalla para amparar la rapiña.

Es posible que alguien bien intencionado, se plantee que no es injusto que el Estado arrebate la renta de algunos para dárselo a otros, porque realmente a ellos "les sobra" y todos debemos contribuir al "bien común" de los más necesitados.

Pero cuando esto ocurre, instintivamente la gente oculta "sus ingresos” y luego reduce “sus capacidades", para no verse sometida al saqueo impositivo en nombre de la “solidaridad”, mientras crecen las maniobras tendientes a dedicarse a vivir del prójimo.

Si el Estado, guiado por la aparente buena causa de mejorar la situación de los más pobres, decide que los impuestos y las retenciones no sean razonables y que no se destinen únicamente a sufragar la policía, el ejército, la administración de justicia y la ejecución de obras públicas, sino también a subsidiar el consumo de energía, financiar los transportes metropolitanos, subvencionar el costo de los alimentos, repartir dinero mediante planes sociales y regalar fondos a las asociaciones de madres y abuelas, entonces, estamos en presencia de un "despojo legal".

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