Sin control, el gasto aumentó 3500 millones de pesos

Sin control, el gasto aumentó 3500 millones de pesos

Por Laura Serra - De la Redacción de LA NACION

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ufana de no haber firmado nunca, en lo que va de su mandato, un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Si bien esto es cierto, también es verdad que no necesitó de ese cuestionado instrumento para ampliar el actual presupuesto nacional y reasignar, como hizo hasta ahora, 3500 millones de pesos de manera discrecional y sin consentimiento previo del Congreso.

La Presidenta autorizó esta ampliación presupuestaria por medio de sucesivas decisiones administrativas firmadas por su jefe de Gabinete, atribución conferida por la polémica ley de superpoderes presupuestarios, que impulsó en 2006 quien la precedió en el cargo, su esposo, Néstor Kirchner.

Según figura en los últimos informes elaborados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la jefa del Estado autorizó dos decisiones administrativas de gran envergadura durante su incipiente gestión: por una de ellas se destinaron 2510 millones de pesos a distintas áreas, y la más beneficiada resultó ser el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. En efecto, esa cartera recibió 2177 millones de pesos, recursos que se destinaron en buena parte a subsidios a la energía, transporte y ferrocarriles. En la otra decisión administrativa se destinaron 933 millones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca), básicamente a subsidiar al sector alimentario.

¿De dónde se transfirieron estos recursos? En su mayor parte provinieron de una misma fuente: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que a su vez financia el Programa de Asistencia Financiera para las provincias (PAF). En definitiva, se distrajeron recursos financieros originalmente previstos para ayudar al interior con el fin de incrementar el monto de diversos subsidios.

En su primera conferencia de prensa en lo que va de su gestión, la mandataria enfatizó hace una semana que la cuestión de los superpoderes presupuestarios "es un tema absolutamente superado" y enfatizó que "el contralor de los fondos públicos es total y absoluto", control que, enfatizó, recae en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso.

En rigor, ésta es una verdad a medias, pues la tarea de control se efectúa de manera tardía y condicionada. En efecto, el oficialismo goza de mayoría tanto en el colegio de auditores de la AGN como en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que supervisa los presupuestos ya ejecutados. Esa comisión, que preside el kirchnerismo, lleva tres años de atraso pues hasta ahora sólo aprobó las cuentas de inversión (presupuesto ejecutado) hasta 2005.

La reasignación de recursos públicos sin mayor control y a total discreción del Poder Ejecutivo es el camino que trazó Néstor Kirchner y que ahora continúa su esposa, pese a que es el Congreso, por mandato constitucional, el que define el destino de las partidas presupuestarias. Hasta ahora, la Presidenta usó sólo decisiones administrativas para ese fin; este instrumento le permite cambiar de destino partidas calculadas en la ley de presupuesto. Todavía no echó mano a los DNU, una herramienta que el ex presidente Kirchner hizo uso y abuso para ampliar el presupuesto con la recaudación excedente, es decir, con recursos que no estaban presupuestados.

Esta recaudación excedente superó, en los cuatro años de gestión de Kirchner, los 60.000 millones de pesos. El ex presidente amplió y reasignó en el presupuesto ese dinero a su discreción en buena parte gracias a los decretos de necesidad y urgencia.

Para este año, el diputado Claudio Lozano (CTA) calcula que los excedentes presupuestarios alcanzarán los 26 mil millones de pesos. "Hasta ahora llevan insumiendo 8000 millones para afrontar los anuncios de aumento de jubilaciones y salarios. Se prevé que buena parte del resto se destine a subsidios al transporte y la energía", enfatizó.

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